Un Gobierno con rostro de corrupción

Un Gobierno con rostro de corrupción

El Gobierno de Mario Abdo fue el que peores Ministros eligió. El primero en ser cambiado fue Dany Durand y fue imputado por mentir en su declaración jurada estando al frente del ministerio de Vivienda. Actualmente los ex ministros Nilda Romero (Mujer) y Eduardo Petta (Educación) y los Ministros Carla Bacigalupo (Trabajo), Mario Varela (MDS) se encuentran en la mira de la fiscalia por irregularidades en su declaración jurada.

Julio Mazzoleni (Salud) fue removido del cargo por su pésima gestión al frente de la pandemia, Rodolfo Friedman (Agricultura) fue apartado del cargo tras los escándalos del almuerzo escolar, Edgar Melgarejo (DINAC) por escándalos de corrupción y compras sobre facturadas durante la pandemia, mientras que Patricia Samudio (Petropar), hizo lo propio con compras escandalosas, dos Jefes de Gabinete tuvieron que partir por ineptitud, Julio Ullon por el caso Lamborgini y Villamayor por el escandolo de PDVSA.

Dany Durand

La administración de Durand se caracterizo por constantes denuncias de afectados de MOCIPAR.

La fiscala Natalia Fuster, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó por declaración falsa, a Dany Durand Espínola en su carácter de exministro del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH). El hecho punible guarda relación con inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República el año 2.018.

Nilda Romero

Nilda Romero ocupo el cargo del Ministra de la Mujer, la misma recibió duros cuestionamientos por su férrea defensa a Juan Ernesto Villamayor, utilizando su cartera Ministerial.

Bajo la etiqueta #RenunciaNildaRomero, los usuarios de redes sociales habían manifestado su descontento con la actuación de la ministra, a quien reprocharon su incapacidad para el cargo, el silencio de la cartera ante los últimos casos de feminicidio y decisiones como el homenaje al presidente, Mario Abdo Benítez, por el Día de la Mujer Paraguaya.

Para la Contraloría General de la República (CGR), el notable incremento de los bienes de la ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz, llamó la atención. La institución detectó un aumento de casi G. 7.000 millones en el rubro de inmuebles, desde su última declaración jurada en el 2015.

Eduardo Petta

Eduardo Petta San Martín fue Ministro de Educación, su gestión estuvo caracterizada por los escándalos permanentes, desde su conflicto con estudiantes, hasta inconsistencias en su declaración jurada y problemas de índole administrativo como la entrega de kits en mal estado, fallas en la infraestructura de las instituciones educativas del pais.

Tanto los gremios de estudiantes como los docentes cuestionaron que el ex titular de la cartera educativa no haya convocado a todos los sectores para definir el futuro de la educación en medio de la pandemia.

Senadores cuestionaron que durante su interpelación el ministro de Educación respondió con ironía, soberbia y sin autocrítica al pleno de la Cámara Alta, por lo que le retiraron su voto de confianza.

De un patrimonio neto declarado en G. 614.822.834 en julio del 2013, meses antes de ingresar a la Cámara Alta como senador nacional por el Partido Encuentro Nacional, el ex ministro de Educación, Eduardo Petta, pasó a tener una fortuna neta de G. 1.251.456.484 para el 2016.

Cuando el ex titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) era agente fiscal en el año 2000, su declaración de ingresos activos era de G. 294.500.000. Sus recursos activos para el 2016, cuando continuaba su carrera en la Cámara Alta, ascendían a G. 1.352.231.474, con un pasivo de G. 100.774.990, lo que hace que su patrimonio neto trepe a G. 1.251.456.484.

El ex ministro supuestamente no declaró siete inmuebles que también eran parte de su propiedad. El reporte surgió a pedido de la Cámara de Senadores.

Carla Bacigalupo

Armindo Torres, director general de Declaraciones Juradas de la Contraloría, se refirió sobre la investigación a ministros y un ex ministro en cuanto a declaraciones jura­das de bienes con datos no veraces. Afirmó que los altos secretarios del Estado, Eduardo Petta, Carla Bacigalupo, Nilda Romero, Mario Varela, y Dany Durand, al igual que el exministro Denis Lichi, cometieron “dolo” al adulterar su declaración jurada de bienes.

Torres asegura que en el caso específico de la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo, ocultó intencionalmente sus bienes y los de su cónyuge. “Bacigalupo presentó varias declaraciones juradas y nunca consignó los bienes de su cónyuge. Tenemos 5 inmuebles que se registran a su nombre de los cuales 3 no fueron consignados en ninguna de sus declaraciones», expresó Torres.

«Nosotros creemos que hubo dolo, por eso remitimos informe al Ministerio Público. De igual forma no solamente eso no fue declarado sino también una deuda importante por un vehículo que también está en nuestro informe”, expresó Torres acerca del caso específico de la ministra Bacigalupo y su marido, quien también es funcionario público.

Mario Varela

Su administración en Caaguazú y en el Ministerio de Desarrollo Social arrastran fuertes denuncias con supuestos millonarios perjuicios a las arcas del Estado.

Durante la administración de Varela como gobernador de Caaguazú, específicamente en el 2013, su insistencia en construir un teatro en la plaza Bartolomé Aquino, ocasionó la pérdida de G. 1.700 millones a la gobernación.

El caso fue muy sonado ya que en dicha plaza había una medida cautelar que no permitía que se ejecute obra, sin embargo, el entonces gobernador ignoró este impedimento y firmó un contrato con la constructora Villalba Piñero, para la ejecución de sus planes.

A pesar de la firma del contrato, no se firmó la renovación de la póliza de seguro de fiel cumplimiento que garantizaba el anticipo de aproximadamente G. 2.000 millones. Varela desembolsó un anticipo de G. 1.880 millones, pero solo ejecutó un 3% de la obra quedando obviamente una obra inconclusa y una pérdida que asciende los G. 1.700 millones.

Siguiendo la línea de tiempo, entre el 2015 y 2016, el entonces gobernador Varela, adquirió miel de abeja a precio de oro. El proveedor, hasta ese momento sin experiencia como proveedor del Estado, Gerardo Enrique Garcete Sander, vendió a la gobernación un litro de miel a G. 227.360, esto cuando en el mercado se ofrecía el producto a un promedio de G. 30.000 por litro y como mucho los precios llegaban a los G. 50.000 el litro.

Esta desfachatada adquisición de “miel de oro” incluso fue defendida por Varela, quien aseguró que la compra se hizo teniendo en cuenta el precio de mercado y el envasado de miel en bolsas de sachet, además del transporte a las escuelas, lo que hace elevado precio. Las pesquisas del equipo de investigación de LN constató en su momento que estos costos adicionales del que mencionaba el gobernador no podía superar el 50% de lo que se terminó pagando.

Como ministro, su administración también estuvo salpicada de irregularidades. En el 2020 un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revelaba inconsistencias administrativas que causaron un perjuicio patrimonial a la cartera por unos US$ 10 millones.

El extenso informe cuenta con 46 observaciones y entra ellas se destaca la falta de registros contables respecto al programa Tekoha por G. 382.043.166, la deuda de 2.329 beneficiarios del mismo programa que ascendían a G. 11.235.882.228, además de inconsistencias en registros contables por G. 39.831.521.100, los que fueron hallados tras la verificación de las cuentas de terrenos y deudores con venta de terrenos.

Armindo Torres, director general de Declaraciones Juradas de la Contraloría afirmó que los altos secretarios del Estado, Eduardo Petta, Carla Bacigalupo, Nilda Romero, Mario Varela, y Dany Durand, al igual que el exministro Denis Lichi, cometieron “dolo” al adulterar su declaración jurada de bienes.

Julio Mazzoleni

Mazzoleni fue titular de la salud durante la pandemia, una gestión caracterizada por la falta de una visión clara y resultados a la hora de conseguir vacunas, y medicamentos. Su dimisión se confirmó luego de toda una semana cargada de numerosas quejas en torno a la administración del Ministerio de Salud.

El descontento ciudadano fue creciendo conforme salían a la luz numerosos testimonios de familiares desesperados por no poder comprar las ampollas de midazolam y atracurio, puesto que en el territorio nacional el precio era muy elevado.

La Cámara de Senadores había aprobado un proyecto de declaración en el que instó a renunciar a Julio Mazzoleni, quien aseguró que respetaba la decisión pero que no iba a dejar el cargo, finalmente dio el paso al costado. El pedido de los legisladores también fue para el viceministro Julio Rolón, y al director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera.

La crisis estalló el 2 de marzo con la renuncia del director del hospital Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, Felipe González. «La falta de medicamentos no depende de mí. El descontrol es creciente y los contagios son masivos», denunció ese día.

Miles de personas se habían manifestado en las calles exigiendo la renuncia del presidente, a cuyo gobierno acusan de corrupción y de una mala gestión de la pandemia. Cuatro ministros, incluyendo el de Salud, renunciaron.

Uno de los casos de corrupción más sonados fue el de la compra de «tapabocas de oro», hasta a 300% por encima de su precio de mercado, y de insumos hospitalarios diversos.

Las adquisiciones irregulares no se limitaron al Ministerio de Salud, y provocaron la renuncia de autoridades de entes estatales como la presidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar), el titular de la Dirección de Aeronáutica Civil y el propio procurador general del Estado.

Rodolfo Friedmann

Las denuncias contra Friedmann giran en torno a la provisión del almuerzo escolar que ESSA ganó durante los años en que él era gobernador de Guairá en esa región. Esta empresa siguió ganando licitaciones en municipios de Guairá, la Gobernación de Caazapá y también en Petropar, ya cuando asumió como senador y luego ministro.

Audios incriminatorios en los que se oye al ex ministro de Agricultura pedir que le entreguen el dinero que le corresponde por las licitaciones ganadas y también ordenando la forma y tiempo en que se deben presentar para competir por el almuerzo escolar sobran, es por esa razón que la Fiscalía habia allanado las oficinas de la empresa y la de la contadora de Friedmann, Lourdes González, para recuperar más elementos que puedan dar sustento legal a los audios.

Pese a que se tenían todos estos elementos, el presidente de la República salió a defender a Friedmann y dijo que no podría meterse en otro poder como el Judicial y ordenar la prisión de nadie.

Al mismo tiempo, también salió a hacer causa común con el sospechado ministro el entoneces jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, quien dijo que la investigación que se lleva en curso es “un largo refrito”, para tratar de sacarle el cuerpo a la situación.

Edgar Melgarejo

La Fiscalía imputó y ordenó la detención del expresidente de la Dinac Édgar Melgarejo y de otras seis personas, entre ellas altos directivos de la entidad aeronáutica, por el negociado de tapabocas, escándalo que se destapó hace dos semanas y que obligó a renunciar al principal encargado de la institución estatal.

El Ministerio Público formuló imputación contra Édgar Melgarejo, expresidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), por lesión de confianza. Asimismo, fueron imputados por el mismo hecho punible el gerente financiero, Juan Carlos Turitich Báez; el coordinador de la Unidad Operativa de Contratación, Marcelo Ovelar; el administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi, Fernando José Gallardo de Brix, y la Lic. Luz María Chamorro Báez.

En el grupo de procesados por el mismo motivo se encuentran también los representantes legales y accionistas de la empresa Proyectos Global SA: Khaterine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Franco Vargas.

En ese contexto, el Ministerio Público ordenó la detención de estas siete personas: Melgarejo, los funcionarios de la Dinac y los representantes de Global SA. Asimismo, determinó que se libre el oficio a la Comandancia Nacional al efecto de su cumplimiento.

Patricia Samudio

La Fiscalía formuló acusación y pidió juicio oral para la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, por un supuesto perjuicio patrimonial de casi G. 360 millones por el conocido caso de compra de agua tónica para supuestamente hacer frente al COVID-19 en la entidad. En esta causa están igualmente procesadas y acusadas otras 5 personas.

En su dictamen, los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera afirman contar con suficientes elementos para demostrar que la extitular de Petropar autorizó la compra de 5.000 unidades de agua tónica, así como 3.000 unidades de mascarillas N95, 60 unidades tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades pallets, 15 termómetros láser.

“El Ministerio Público cuenta con elementos suficientes de prueba que indican que la señora Delia Samudio Torres autorizó por una compra directa, vía excepción con recursos propios de Petropar, basado en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter en el contexto de la mitigación a la propagación del COVID-19 en todo el territorio nacional, la adquisición de G. 359.700.000, según lo consignado en el contrato”, menciona el reporte de la Fiscalía.

La lista continúa 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades lentes protectores antiparra y 20 unidades de guante de nitrilo que no ingresaron efectivamente a la institución, con excepción del ítem 6 consistente de 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000 que sí ingresaron.

Julio Ullón

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se vio obligado a prescindir de Julio Ullón en el primer anillo palaciego tras una larga lista de cuestionamientos hacia su gestión.

Sobre Ullón pesan varias controversias, entre ellas su participación activa en la firma del polémico acuerdo sobre Itaipú, situación que casi generó un juicio político al mandatario. Ullón actuó como interlocutor de la empresa brasileña Leros. Aunque en su defensa alegó que una de sus funciones es difundir la política energética del Gobierno. En ese sentido, atendía a empresas, universidades y miembros de la sociedad civil interesados en informarse sobre el tema.

Incluso admitió que Leros estaba interesada en comercializar la energía del Paraguay al Brasil. Sin embargo, negó que hiciera de interlocutor de los brasileños.

Así también fue uno de los principales responsables del nuevo fiasco protagonizado días atrás por el titular del Ejecutivo tras haber recibido a un supuesto CEO de Lamborghini, además de su nula capacidad para articular y asesorar correctamente al presidente. Esta situación se convirtió en un papelón porque el mismo presidente se había jactado de los supuestos intereses de la empresa en fabricar autos eléctricos en el país.

Juan Ernesto Villamayor

Tras la publicación aparecida en el influyente medio estadounidense Washington Post, donde luego de una minuciosa investigación saltaron los nombres de dos empresarios que se ofrecieron para recuperar alrededor de US$ 40 mil millones en activos que la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) tiene en varios lugares fuera de Venezuela.

Parte de esos activos son las deudas por cobrar que tiene la petrolera venezolana y Paraguay aparece en el mapa de esas deudas, pero también aparecio el nombre de Juan Ernesto Villamayor, ex jefe del Gabinete de Mario Abdo Benítez, como cabeza de la negociación con los representantes del gobierno de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, calificativo que le otorgan los gobiernos que no reconocen al de Nicolás Maduro.

La aparición de Villamayor en un nuevo hecho no sorprendió a nadie, pues a comienzos de siglo lo vincularon con el caso del vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores, cuando fue acusado de recibir coimas a través de contabilidad en negro de la firma que operaba.

Los pagos irregulares eran realizados bajo el seudónimo de “El lagarto”, según testificó José Alberto Robineau, directivo de una de las empresas involucradas en el vaciamiento.

En el caso de los helicópteros adquiridos bajo la administración de Rafael Filizzola como ministro de lnterior, Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia, exprocurador general de la República, integraron el equipo de abogados que defendió a los empresarios españoles, quienes fueron procesados por la supuesta compra irregular de dichas aeronaves para la Policía Nacional en la causa en la que también estaba procesado Rafael Filizzola.

Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia también fueron los representantes legales de la firma española Ivesur, que demandó a la comuna capitalina por la rescisión de contrato para la Inspección Técnica Vehicular (ITV). El tribunal ordenó que el deudor, la Municipalidad de Asunción, realice el íntegro pago de G. 2.656.502.111 para Villamayor y G. 1.328.251.006 para Coscia Nogués.